En el último mes han llegado hasta nosotros tres noticias que muestran que tanto las instituciones europeas como las nacionales, conceden cada vez una mayor relevancia al fomento de la responsabilidad social y la ética empresarial vinculadas al crecimiento y a la competitividad.

Así, por ejemplo, las empresas europeas de más de 500 empleados y con una facturación superior a 20 millones tendrán que incluir en sus informes anuales aspectos no financieros como sus políticas de diversidad, los objetivos de éstas, su grado de implementación y los resultados obtenidos.

También en el mes de noviembre la Comisión Europea ha propuesto confeccionar una directiva que marque como objetivo que los consejos de administración de grandes empresas cuenten  con una cuota femenina del 40% ante de 2020.

En nuestro país la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados ha aprobado unánimemente una proposición no de ley que insta al Gobierno a elaborar un Plan de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE),  para fomentar las buenas prácticas en el tejido empresarial, con especial atención a su desarrollo en las pymes. Emplaza al gobierno a fijar criterios que permitan identificar si una empresa es socialmente responsable y a adoptar políticas públicas que permitan la difusión de buenas prácticas favoreciendo su reconocimiento público. También se pide promover la RSE en la Administración Pública y dentro de las empresas públicas, teniendo en cuenta la actividad y dimensión de la misma e incorporando la RSE en los criterios de compra pública.

Estas noticias suponen un avance hacia una empresa más inclusiva, consciente de la sociedad en la que se desarrolla y que utiliza herramientas de responsabilidad corporativa como instrumento de crecimiento y competitividad.